“Al igual que el consumo responsable, la ISR es una herramienta más de promoción de las políticas responsables en las entidades en las que se invierte, ya que toma en consideración los intereses de las partes interesadas (consumidores, sociedad civil) y las organizaciones que las representan (organizaciones de consumidores y usuarios, ONGs, etc.) y, por ello, tienen un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente”, subrayó Javier Garayoa, director general de Spainsif (Foro de Inversión Responsable de España) en la jornada ‘Inversión Socialmente Responsable (ISR): Rentabilidad, seguridad y valores’ del Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S).

Para ello, tiene en consideración tanto criterios financieros (rentabilidad/riesgo), al igual que la inversión tradicional, como criterios extra-financieros (los denominados criterios ASG, medioambientales, sociales y de buen gobierno) en los procesos de análisis y toma de decisiones de inversión, así como en el ejercicio de la propiedad activa (derechos políticos inherentes a determinados activos financieros).

Los activos gestionados con criterios ASG (sostenibles, ambientales, sociales y de gobernanza) en España han pasado de 35.700 millones de euros en 2009 a 185.600 millones a cierre de 2017 -según datos de un estudio de Spainsif presentado en octubre de 2018-, impulsados, sobre todo, por la demanda los inversores institucionales. Pero este nivel nos sitúa, aún, a gran distancia de los países donde este modelo de inversión está más desarrollado.

Gracias al doble análisis, se incrementa la información de la que dispone el inversor, que tiene más herramientas para decidir qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir. “La introducción de criterios éticos y ASG en la selección de activos supone, para los inversores, un salto cuantitativo y cualitativo en información, transparencia y, con ello, en el control del nivel de riesgo. Y todo ello, sin renunciar a la rentabilidad, como demuestra la evolución de los índices especializados”, subrayó Fernando Ibáñez, presidente del CERS.

En este sentido, la ISR “aporta valores en un momento en el que está cerca la última gran crisis, buscando rentabilidad a medio y largo plazo y evitando aspectos meramente especulativos. Aporta confianza, credibilidad y una rentabilidad sostenida en el tiempo, además de generar un impacto social o medioambiental positivo. La demanda informada, proactiva y directa, es clave”, afirmó Javier Garayoa.

En esta línea, los expertos pusieron sobre la mesa, también, el impacto de estos criterios en la gestión de riesgos interna y en la capacidad de adaptación de una compañía. “La inversión sostenible supone elegir a las empresas que saben adelantarse a los retos del futuro. Invertir con criterios ASG significa tener valores de mejor calidad, con menos volatilidad, porque estamos menos expuestos a ciertos riesgos, y, por todo ello, mayor rentabilidad a medio y largo plazo», destacó Christian Dürr, socio director de Ética Patrimonios EAF.

De hecho, los expertos coincidieron en señalar que la sostenibilidad con enfoque a largo plazo se traduce en una visión más clara de la misión, objetivos y estrategia de la compañía.
Desde el punto de vista de las entidades financieras, la inversión con criterios ASG supone un menor riesgo, lo que permite liberar capital para que esas entidades puedan gestionarlo.
Por ello, en la práctica se está evolucionado desde un modelo de exclusión simple -no invertir en compañías con criterios negativos en aspectos sociales, ambientales o de buen gobierno- a estrategias más elaboradas, como el ‘best in class’.

Aunque los criterios medioambientales son objeto de mayor énfasis -por el contexto de grandes retos, como el cambio climático, y compromisos internacionales, como el Acuerdo de París-, la gobernanza se revela como el factor clave: en muchos casos nos encontramos con que los problemas o crisis que afronta una organización, en diferentes ámbitos, son consecuencia de un mal gobierno corporativo.

A partir de 2015, hay un movimiento importantísimo a nivel internacional, que arrastra a todos los mercados globales y da impulso a la ISR. Hitos como la firma del Acuerdo de París para limitar las emisiones de carbono y reducir el calentamiento global –que supondrá inversiones de 170.000 millones de euros anuales hasta 2050-; la entrada en vigor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –Agenda 2030-, o el cambio de modelo energético, generan grandes oportunidades de inversión y una importante corriente de flujos.

La Unión Europea ha dado un paso adelante, con el diseño de un Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, para canalizar la financiación ligada a la transición hacia un modelo económico más sostenible. Supondrá un marco común para identificar y homogeneizar los criterios en materia de inversión sostenible. La previsión es que en 2020 exista un marco jurídico europeo único, lo que favorecería su crecimiento.

Una parte que se está desarrollando muchísimo es la inversión de impacto –en pymes, startups, iniciativas de emprendimiento,…-.

Además, la nueva normativa de información no financiera (que ha entrado en vigor en España en 2019 para empresas de más de 500 empleados o que operan en ciertos sectores críticos, con más de 20 millones de facturación o 40 millones en activos) exige ya una información que es útil para los inversores. Los reportes van a ser cada vez más generales –a partir de 2021 se exigirá a empresas con más de 250 personas en plantilla-, y llegará a todos los niveles y tipo de empresas.

Los expertos pusieron sobre la mesa la conveniencia de articular ventajas o incentivos fiscales, como ocurre en otros países –por ejemplo, Francia-, para impulsar la inversión socialmente responsable.