Las empresas responsables

La sostenibilidad, entendida como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para dar respuesta a las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, es una tendencia global, liderada por instituciones como Naciones Unidas y la Unión Europea. La cooperación entre sector público y privado se configura como herramienta y factor fundamental para construir y consolidar un modelo más sostenible.

La responsabilidad social se concibe como el compromiso que una organización asume con ese desarrollo sostenible.

Que se traduce en un modelo de gestión, una cultura empresarial y un conjunto de objetivos, políticas y prácticas basados en la ética, el respeto y la transparencia en su relación con sus diferentes grupos de interés -empleados, accionistas, proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto- y con el entorno en el que desarrolla su actividad.

Muchas empresas en la Comunitat Valenciana han aplicado este tipo de enfoque y estrategias desde su creación. Otras se están sumando ahora a una tendencia que se consolidará y acentuará. Además, la necesidad de dar respuesta a los retos presentes y futuros abrirá oportunidades de negocio que impulsarán la innovación. En este contexto, la responsabilidad social ha dejado de ser un concepto abstracto y, en muchos casos, una política de marketing, para integrarse en la estrategia y en toda la cadena de valor de las empresas, convirtiéndose en herramienta clave en la gestión de riesgos y en factor de competitividad y proyección.

En esta línea se están desarrollando tanto las estrategias europeas como la normativa nacional y autonómica. La Comunitat está siendo pionera y referente a nivel nacional, con acciones como la creación de la primera Conselleria de Transparencia y Responsabilidad Social de España y la reciente aprobación de la Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social. Además, cada vez más Administraciones, organismos y empresas públicas incorporan criterios y requisitos sociales y medioambientales en los pliegos de licitaciones de contratos de suministro de productos y servicios.

Si bien este liderazgo institucional es clave, sin duda, el factor determinante en la evolución hacia ese modelo económico más sostenible es el hecho de que se trata de una transformación impulsada y exigida desde la base social. Las personas disponen cada vez de mayor información, un espíritu más crítico y una creciente conciencia respecto a la necesidad de actuar de forma responsable y sostenible con la sociedad y con el entorno, y demandan a las empresas que se guíen por los mismos principios. Proliferan los estudios, impulsados por organizaciones públicas y privadas, que confirman el impacto positivo en usuarios y consumidores de un comportamiento responsable y sostenible y, al contrario, la penalización de las malas prácticas.

Acompañando esta evolución, es creciente el diseño y disponibilidad de herramientas que permiten evaluar el impacto real de la responsabilidad social, tanto desde un punto de vista meramente económico, como de fidelización de clientes, implicación y satisfacción de empleados y accionistas y efectos sobre el entorno. Estos análisis permiten mejorar el proceso de toma de decisiones y focalizar y orientar esfuerzos y recursos, con un enfoque de mejora continua basado en el equilibrio entre las acciones a corto y a largo plazo.