Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dan un paso más respecto a los Objetivos del Milenio, otorgando un papel activo a las empresas, en cuanto que forman parte de la sociedad y tienen que asumir su responsabilidad. Establecen una serie de objetivos concretos y soportados por herramientas; no solo indican lo que debe hacerse, sino cómo hacerlo, para avanzar hacia una economía mundial más responsable e inclusiva con las personas y con el planeta.

En un contexto de pymes y micropymes, como el de la Comunitat Valenciana, si preguntásemos a las empresas si conocen los ODS y si están trabajando para integrarlos en sus estrategias, muchas no sabrían ni de qué estamos hablando ni qué responder. Seguramente, el porcentaje sería incluso inferior a los que arrojan las encuestas al respecto, que hablan de que un 30% de las compañías desconocen la Agenda 2030 y los ODS. Pero esto no quiere decir que no estén alineados en cuanto a políticas y buenas prácticas internas. Seguro que a todos nos vienen a la cabeza empresas de la Comunitat que son referente en materia de RS, en línea o, incluso, por delante, de algunos grandes grupos. Pero la mayoría de las empresas de la región aplican este tipo de estrategias y políticas sin saberlo, sin tenerlo oficialmente estructurado en el marco de la organización. Se trata de poner en valor esas buenas prácticas y avanzar en ellas.

Los grandes acuerdos internacionales -como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, firmados por 193 países-, la evolución de la normativa europea, nacional y autonómica -en la que destaca la Ley valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social- y la presión y control ejercido por un ciudadano cada vez más concienciado han abocado a las empresas a asumir estas estrategias y políticas, no solo como una herramienta de impulso de su imagen y su competitividad, a través de la mejora de su relación con todos los grupos de interés -entre los principales, empleados, clientes y proveedores-, sino como instrumento fundamental para minimizar y gestionar los riesgos y, con ello, ser más eficientes y rentables.

De hecho, la reciente evolución de la normativa lleva a vislumbrar un nuevo contexto, en el que la voluntariedad de la RS dará lugar a la obligatoriedad, en ciertos aspectos. En otros países, las exigencias de RSC ya están definidas por ley. En España, aún es algo voluntario, pero, dentro de cinco años, cualquier empresa que no tenga una estrategia de RSC tendrá una desventaja competitiva. Vamos hacia un mundo de empresas socialmente responsables.

En este sentido, el 2018 ha supuesto un salto cualitativo, que se empezará a plasmar en 2019: la extensión de la obligatoriedad del reporte no financiero a empresas con un mínimo de 500 empleados -de interés público, con activos medios por valor de 20 millones o facturación de más de 40 millones-, que se extenderá a 250 trabajadores en tres años. Además, las grandes empresas que llevan años trabajando en esta línea exigen estas estrategias y reportes a todos sus proveedores y aplican ya una línea roja en su selección de proveedores: las buenas -o malas- prácticas sociales y medioambientales se han convertido en un elemento más de valoración, tanto o más importante que los criterios económicos. Un ejemplo: la implicación de la cadena suministro, un área sobre la que ya trabajan 23 empresas del Ibex 35 a través del control a sus proveedores.

Al final, se genera un efecto ‘cascada’ y la propia dinámica del mercado contribuye a su expansión. Como ocurre ante cualquier gran transformación del mercado, cualquier empresa que permanezca ajena y no se adapte, perderá competitividad y correrá el riesgo de desaparecer. Y estamos hablando de efectos que se verán ya en el corto y medio plazo. Cada vez es más fácil replicar productos, servicios y tecnología. Frente a ello, los valores son únicos e intransferibles.

Las empresas son un actor clave para alcanzar las distintas metas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tienen que conocer los ODS y comprenderlos; definir objetivos; integrar las políticas y acciones de responsabilidad social en la cadena de valor, teniendo en cuenta a sus diferentes grupos de interés; establecer indicadores, y sistemas de reporte y comunicación. Con ello conseguirán, no solo, mejorar su reputación y fortalecer sus relaciones con todos los grupos con los que está vinculada –clientes, empleados, proveedores, reguladores,…-, sino, también, la gestión de riesgos vinculados a su actividad.